La resolución JM-47-2022 del 25 de mayo de 2022 de la Junta Monetaria constituye el nuevo reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito que deben observar las instituciones financieras reguladas en la República de Guatemala.
Entró en vigor el 1º de enero de 2023 y es producto de una revisión integral del reglamento que estaba en vigor desde hace 17 años (JM-93-2005), con el objetivo de incorporar las mejores prácticas y estándares internacionales, tanto de supervisión bancaria como de información financiera.
De acuerdo con Wendi Villagrán, “el citado reglamento incluye la incorporación de disposiciones para la gestión del riesgo de crédito en congruencia con la administración integral de riesgos, mejora en la agrupación de activos crediticios para su segmentación en función de su riesgo específico, incorporación de reservas o provisiones específicas conforme al cálculo de pérdidas esperadas por riesgo de crédito, entre otras.” (Villagrán, 2022)
El nuevo reglamento está dividido en 5 títulos, 12 capítulos, 60 artículos y 3 anexos y se inspira, entre otros, en los Principios Básicos #17 y #18 emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS).
Sobre BCBS 230: Los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz
La directriz BCBS 230 fue publicada en septiembre 2012 y establece los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, es decir las normas mínimas para la correcta regulación y supervisión de bancos y sistemas bancarios nacionales, que sirven a los países como referencia para evaluar la calidad de sus sistemas de supervisión e identificar posibles áreas de mejora en las prácticas de supervisión.
Los Principios Básicos habían sido publicados por primera vez en 1997 y revisados en octubre 2006. Sin embargo, como resultado de la crisis financiera de 2008-2009, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar las prácticas de supervisión y de gestión de riesgos, partiendo de un buen gobierno corporativo como la base para alcanzar una gestión de riesgos eficaz y asegurar la confianza del público en los bancos individuales y el sistema bancario.
Los 29 Principios Básicos están divididos en 2 grandes grupos: los Principios 1 a 13 tienen que ver con los poderes de supervisión, funciones y responsabilidades para una supervisión efectiva basada en riesgos, así como con la necesidad de acciones de supervisión e intervenciones tempranas; los Principios 14 a 29 contemplan las expectativas de supervisión para los bancos enfatizando en la importancia de una buena gobernanza corporativa y de una correcta gestión de riesgos, así como el cumplimiento con los estándares de supervisión.
En particular, los Principios Básicos 17 y 18 de BCBS 230 que inspiran la resolución JM-47-2022 establecen lo siguiente:
- Principio 17 sobre Riesgo de Crédito: “el supervisor determina que los bancos disponen de un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados”. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2012)
- Principio 18, sobre activos dudosos, provisiones y reservas: “el supervisor determina que los bancos cuentan con adecuadas políticas y procesos para una pronta identificación y gestión de los activos dudosos y para el mantenimiento de suficientes provisiones y reservas”. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2012).
El objetivo principal de esta resolución es actualizar el marco regulatorio para la valoración de activos, operaciones contingentes y otros instrumentos financieros de los bancos y empresas del grupo financiero, estableciendo un régimen de clasificación de activos y de reservas o provisiones, tomando en cuenta la capacidad de pago y cumplimiento del deudor. La actualización se realiza en línea con los estándares internacionales de supervisión e información financiera, en particular la estimación de pérdidas esperadas y la constitución de reservas o provisiones específicas sobre una base prospectiva. Asimismo, se establecen requisitos mínimos para la administración del riesgo de crédito y se incorporan disposiciones relacionadas con la valuación de activos crediticios destinados a financiar proyectos nuevos y con la clasificación de los activos crediticios bajo un enfoque de refinanciamiento y reestructuración. También se toma en cuenta la categoría de mayor riesgo disponible en el Sistema de Información de Riesgos Crediticios en la valuación de los activos crediticios. La resolución también establece los requisitos mínimos para la información y documentación que los bancos deben exigir a los solicitantes de financiamiento y a sus deudores.
Objeto y definiciones
La resolución busca promover prácticas responsables y efectivas en el sector financiero para minimizar los riesgos y garantizar la estabilidad del sistema, con esto resulta clave la definición de Administración del riesgo de crédito, como “el proceso que consiste en identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar el riesgo de crédito”. Esto es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema financiero y minimizar los riesgos que podrían derivarse de los préstamos y otras operaciones crediticias que realizan las instituciones financieras. Otras definiciones son importantes para comprender el marco regulatorio que rige el sector financiero y las actividades crediticias. En adición, son importantes también las definiciones orientadas a evaluar el riesgo de crédito y la solvencia financiera de los deudores, lo que es esencial para la estabilidad del sistema financiero. Por ejemplo, la exposición al momento del incumplimiento y el flujo de fondos proyectado permiten a las instituciones financieras evaluar la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones financieras en el futuro.
Acerca de la administración del riesgo de crédito
La resolución establece los requisitos mínimos para la administración del riesgo de crédito, la responsabilidad del Consejo de Administración y la creación del Comité de Gestión de Riesgos para la dirección de la administración del riesgo de crédito en las instituciones financieras. Esto contribuye a una mayor estabilidad financiera y protección para los consumidores financieros.
Adicionalmente se establecen las herramientas y medidas específicas que las instituciones financieras deben implementar para gestionar el riesgo de crédito de manera efectiva y asegurar la salud financiera y solidez de la institución. Por ejemplo, el artículo 6, cubre la identificación de la cartera vencida y en riesgo de serlo, y establecimiento de provisiones adecuadas para cubrir posibles pérdidas. El artículo 7, abarca la realización de pruebas de tensión del riesgo de crédito para evaluar la capacidad de la institución para enfrentar situaciones adversas y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia. Esto significa que las instituciones financieras deben realizar simulaciones para evaluar cómo podrían responder a situaciones extremas, como una recesión económica, una caída del mercado inmobiliario o una crisis de liquidez. Las pruebas de tensión son una herramienta crítica para evaluar la fortaleza financiera de una institución financiera y su capacidad para resistir eventos inesperados. Si una institución financiera no puede demostrar que está preparada para hacer frente a situaciones adversas, los reguladores pueden imponer sanciones o requerir cambios en las políticas y procedimientos de esta. En casos extremos, los reguladores pueden incluso exigir a la institución que aumente su capital o reduzca su exposición a ciertos tipos de riesgos. Además, las pruebas de tensión pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar y gestionar mejor los riesgos en su cartera de préstamos y a tomar decisiones más informadas sobre la gestión de su capital. También pueden ayudar a las instituciones a establecer límites adecuados de riesgo de crédito y a ajustar su estrategia de negocio en función de los resultados de las pruebas.
Finalmente, el artículo 10, busca fomentar la cultura de evaluación periódica de la eficacia de las políticas, procedimientos y sistemas de administración del riesgo de crédito para identificar posibles mejoras y ajustes.
Acerca del proceso crediticio
Una adecuada evaluación ayuda a minimizar el riesgo de impago o incumplimiento, lo que a su vez protege los intereses de la entidad financiera que otorga el crédito. La resolución establece con respecto a la evaluación de los solicitantes o deudores de créditos empresariales o productivos, que la evaluación debe considerar un análisis financiero y un análisis cualitativo. El análisis financiero debe considerar el comportamiento financiero histórico, la capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el pago oportuno de las obligaciones, la experiencia de pago y otros aspectos. El análisis cualitativo debe considerar la naturaleza del negocio o industria, los objetivos del solicitante o deudor y su posición competitiva. Además, establece que se debe determinar y asignar la categoría de riesgo del activo crediticio correspondiente, lo cual influye en las condiciones del crédito, como la tasa de interés y el plazo. La reserva específica, por su parte, es un fondo destinado a cubrir posibles pérdidas por incumplimiento de pago de los deudores, lo que ayuda a proteger la solvencia de la entidad financiera.
Con respecto a la estructuración, Aprobación y Formalización de los activos crediticios, Se establece que la estructuración debe incluir la programación de desembolsos, la forma de pago de capital e intereses, el período de gracia, la tasa de interés, el plazo, el destino de los recursos, entre otros aspectos. También se establece que la aprobación debe ser realizada por el Consejo de cada institución y se debe formalizar mediante un contrato escrito. Estas medidas son fundamentales para garantizar la calidad y el éxito de los activos crediticios.
Importancia y casos de uso de la información requerida de los solicitantes de financiamiento y de los deudores
Primero sobre las personas jurídicas, es importante para las instituciones financieras contar con esta información ya que les permite conocer la situación y capacidad de pago de la persona jurídica que solicita el préstamo. La información y documentación requerida brinda a las instituciones una visión general de la empresa y le permiten evaluar su historial crediticio, lo que a su vez, ayuda a reducir el riesgo crediticio y a tomar decisiones informadas sobre la aprobación o rechazo de la solicitud de financiamiento. Además, esta información debe ser actualizada periódicamente para asegurar que la institución siempre tenga la información más reciente sobre la empresa.
Con respecto a las personas individuales, es importante que las instituciones financieras soliciten la información detallada ya que esto les permite evaluar de manera adecuada el riesgo crediticio y la capacidad de pago de sus clientes. Incluye datos personales, actividad económica, fuentes de ingresos, referencias bancarias y comerciales, así como información sobre la participación en empresas y cargos de dirección o administración, permite a las instituciones financieras tener una imagen más completa del perfil de sus clientes. De esta manera, pueden tomar decisiones informadas sobre la aprobación de créditos y establecer límites de crédito adecuados para evitar riesgos innecesarios y prevenir fraudes. Además, la actualización periódica de esta información es fundamental para garantizar la precisión y la validez de la evaluación del riesgo crediticio a lo largo del tiempo.
Al solicitar información financiera específica para cada segmento de crédito, las instituciones financieras pueden evaluar de manera más precisa la capacidad de pago de los solicitantes o deudores y establecer mejores términos y condiciones de crédito para cada segmento. Además, la segmentación de crédito puede ayudar a las instituciones financieras a identificar oportunidades de negocio y a diseñar productos financieros más específicos y atractivos para cada segmento, lo que puede aumentar su rentabilidad y mejorar la satisfacción de los clientes. Cumplir con esta información, lejos de ser una obligación legal, es una oportunidad para las instituciones financieras de mejorar su gestión de riesgos, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Finalmente, la solicitud de información detallada sobre las garantías y la documentación complementaria por parte de las instituciones financieras es importante para garantizar la transparencia y la solidez del sistema financiero. La información sobre las garantías reales, tales como inscripciones de dominio, gravámenes y limitaciones, pólizas de seguro y avalúos, permite a las instituciones evaluar el riesgo crediticio y tomar decisiones informadas sobre la concesión de créditos. Además, la documentación complementaria, como las solicitudes de refinanciación o reestructuración, las resoluciones de autorización, los comprobantes de pago y la correspondencia relacionada, ayuda a las instituciones a monitorear y administrar adecuadamente los activos crediticios y a cumplir con las regulaciones y los requisitos legales. En última instancia, el cumplimiento de estas regulaciones contribuye a proteger los intereses de los consumidores y a mantener la estabilidad financiera.
En nuestra próxima entrega estaremos abordando a detalle todo lo referente a la valuación de activos crediticios que establece la resolución con el objetivo de garantizar la solidez financiera y como lograr una implementación con un enfoque de visión integral de la gestión del riesgo.